El Gobierno pagará con 5,3 millones de euros públicos la reforma de la sede de UGT

El Gobierno se va a gastar más de 5,3 millones de euros en las obras de la sede que el sindicato UGT ocupa en el número 25 de la madrileña Avenida de América.

Tras años de retraso en la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de la capital, el presupuesto inicial se ha disparado porque la situación del edificio se ha agravado considerablemente en este tiempo marcado, además, por la crisis de inflación, lo que va a obligar al Ejecutivo social-comunista a desembolsar un 20% más de lo que había calculado en el proyecto original.

Es el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, y no el sindicato, el que va a asumir el coste de las reformas que precisa la histórica sede de la UGT porque se trata de un edificio que forma parte de lo que se denomina Patrimonio Sindical Acumulado (PSA), un conjunto de más de medio millar de inmuebles que eran propiedad de organizaciones sindicales democráticas y fueron incautados tras la Guerra Civil.

Hoy pertenecen al Estado, pero su uso se cede a organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de las funciones que les concede el ordenamiento jurídico, aunque su conservación corre a cargo de los Presupuestos.

En marzo de 2022, el Ministerio de Trabajo adjudicó un contrato a la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales para las obras de "optimización y redistribución de espacios" en el citado edificio por un importe cercano a los cuatro millones y medio de euros (concretamente, 4.456.874,03 euros).

Ya cuando lanzó la licitación, seis meses antes, el departamento que dirige Yolanda Díaz activó la tramitación urgente ante la "necesidad inaplazable" de realizar tareas de optimización del edificio por el "riesgo inherente" para la salud de los trabajadores, dada la antigüedad de las instalaciones.

Sin embargo, el 5 de julio de 2022 se suspendió el inicio de los trabajos al no contar en esa fecha con la licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid. El permiso no llegó hasta un año después, el 18 de julio de 2023. Y las obras no se reiniciaron hasta el 6 de noviembre de ese año.

Pero transcurrido ese tiempo el Ayuntamiento impuso una serie de condiciones para emitir la licencia, incluyendo una modificación del proyecto tras el último informe de la Inspección Técnica del Edificio (ITE). Los trabajos se paralizaron de nuevo a finales de 2023 ante la imposibilidad de ejecutar las obras hasta disponer del proyecto modificado.

Después de todo ese embrollo, el Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a modificar el contrato inicial. En la documentación consultada por El Mundo, los servicios de contratación pública justifican que "tras el largo procedimiento administrativo, el estado de los elementos objeto del último informe de inspección técnica del edificio (ITE) fechado el 3 de septiembre de 2021, se ha ido agravando, resultando urgente la actuación sobre los mismos, por afectar a la habitabilidad del inmueble y a las condiciones de salubridad y seguridad de las personas que lo utilizan".

Las modificaciones necesarias, por tanto, no estaban recogidas ni en el proyecto elaborado en 2021 ni en uno anterior, que data del año 2017. Ocho años después, son muchas las reformas que requiere el edificio, como dotación de aseos y su adaptación para el uso de personas con discapacidad, construcción de rampas de acceso y salidas de evacuación o la inspección completa de la fachada, entre otros.

Obras que obligan a modificar el proyecto y el presupuesto inicial, calculado en base a una reforma más básica y a unos precios que todavía no habían entrado en la espiral inflacionista.

En total, el importe presupuestado para las modificaciones que hay que llevar a cabo asciende a 876.531,74 euros. Esta cantidad engorda el presupuesto inicial en un 19,67%.

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Es decir, el Gobierno va a tener que desembolsar casi un 20% más en unas obras que, en total, van a costar 5.333.405,77 euros. Además, los plazos de ejecución fuerzan a ampliar la licitación otros nueve meses, por lo que la fecha de finalización de los trabajos queda establecida el día 7 de enero de 2026.

El dinero saldrá de la partida de los Presupuestos Generales del Estado que el Ministerio de Trabajo tiene asignada, precisamente, para llevar a cabo las reformas que precisen los edificios del Patrimonio Sindical Acumulado.

En su mayoría son inmuebles antiguos y en un estado de conservación que urge mejoras evidentes, como es el caso de la sede de la UGT. También la sede de CCOO en la Via Laietana de Barcelona necesitó una reforma integral que costó unos 6,5 millones de euros y que se adjudicó prácticamente al mismo tiempo que este contrato.