El Gobierno avanza en cuatro frentes para controlar la Justicia y ‘amordazar’ a los jueces. Es lo único que le queda para terminar de dar el golpe de estado institucional
Nacional27 de enero de 2025
Noticias de Impacto
Pedro Sánchez se encuentra inmerso en un laberinto de fracasos parlamentarios, una mayoría cada vez más precaria y numerosos casos de corrupción que salpican su entorno cercano. Entre ellos destacan las imputaciones de su esposa Begoña Gómez, las de su hermano, David Azagra; y la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como las derivadas del caso Koldo/Aldama.
Huida hacia adelante
Ante este panorama, Sánchez ha iniciado una huida hacia adelante para amordazar a los jueces independientes. Es lo único que le queda para terminar de dar el golpe de estado institucional. Así las cosas, tanto el presidente del Gobierno, como su ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, están dando la batalla a la justicia en 4 frentes.
Desnaturalización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
El Gobierno de Sánchez lleva meses promoviendo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar las mayorías necesarias en la elección de los vocales del CGPJ. Actualmente, estas mayorías requieren tres quintos del Congreso y el Senado. Sin embargo, la propuesta socialista busca reducir esta exigencia, debilitando así el equilibrio institucional.
En este contexto, la magistrada Isabel Perelló criticó duramente los desmanes del Ejecutivo durante el acto de entrega de despachos a la última promoción de la Judicatura. “Las presiones del Gobierno son evidentes y peligrosas para la independencia judicial”, afirmó en su discurso institucional.
El 28 de enero se celebrará un Pleno extraordinario del CGPJ para debatir esta reforma, pero las tensiones han alcanzado niveles críticos. Fuentes cercanas al organismo aseguran que la propuesta podría desestabilizar por completo el funcionamiento del Consejo, generando un grave retroceso en la separación de poderes.
Neutralización de la acusación popular
Una de las reformas más sectarias y controvertidas del Gobierno es la limitación de la figura de la acusación popular, un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia en los casos judiciales. La propuesta prohibirá a partidos políticos, asociaciones y sindicatos ejercer esta acción. Además, se aplicará retroactivamente, afectando procesos como el caso Begoña, Koldo, y el de revelación de secretos contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
La Disposición Transitoria Única de la nueva ley establece que los cambios se aplicarán también a procesos ya en curso. Esto beneficia directamente a figuras cercanas al Gobierno, eliminando cualquier posibilidad de investigación imparcial. Para acelerar este cambio, Sánchez ha recurrido a una proposición de ley de su grupo parlamentario, evitando así los informes del Consejo de Estado y otros órganos consultivos.
El control de la Fiscalía
El control de la Fiscalía es otro de los objetivos prioritarios del Gobierno. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que la instrucción penal pase a estar bajo el control del Ministerio Público, subordinado al Ejecutivo. Esto permitiría a Sánchez manejar las causas judiciales que afectan a su entorno más cercano.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo, ha sido una figura clave en esta estrategia. En su intervención ante el Rey y la cúpula judicial, Ortiz criticó la utilización de los tribunales con fines políticos, una afirmación que ha generado gran polémica. “La reforma busca eliminar cualquier vestigio de independencia judicial”, aseguran expertos jurídicos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha alertado sobre los riesgos de esta reforma, subrayando que la autonomía del Ministerio Público es imprescindible para garantizar la separación de poderes. Sin embargo, estas advertencias han sido ignoradas por el Ejecutivo.
Un acceso sin oposiciones: La colonización del Poder Judicial
En una maniobra que ha indignado a la comunidad jurídica, el Gobierno ha aprobado un proceso extraordinario para estabilizar más de 1.000 plazas de jueces sustitutos. Esta medida permitirá que los aspirantes sean seleccionados mediante una simple entrevista, sin necesidad de oposiciones.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, justificó esta decisión como un intento de garantizar el funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, los jueces han denunciado que esta medida viola los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. “Se busca regularizar a jueces afines al Gobierno”, afirman fuentes judiciales.
Esta estrategia abre la puerta a un aumento significativo de jueces seleccionados de manera subjetiva, debilitando aún más la independencia del Poder Judicial. De hecho, uno de cada cuatro jueces en España podría ser designado sin pasar por una oposición, un precedente alarmante para la calidad democrática del país.
Un golpe institucional en curso
Con estas reformas, Pedro Sánchez ha puesto en marcha un golpe institucional silencioso que busca consolidar el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial. Esta situación no solo representa una amenaza para la separación de poderes, sino también para la calidad democrática de España.
Europa ya ha emitido numerosas advertencias sobre el deterioro de la independencia judicial en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha decidido a ignorarlas y continuar con su agenda. Es lo único que le queda para consolidar su golpe de estado institucional y no lo va a echar atrás una advertencia de Europa.
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