El contrato estaba financiado con fondos europeos. Para justificarlo, el Gobierno esgrimió que el Covid «ha golpeado duramente a la industria del deporte, influyendo negativamente sobre su impacto económico y social»
Noticias05 de febrero de 2025
Noticias de Impacto
El Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que depende del Gobierno, adjudicó un contrato de 3,6 millones a Juan Carlos Barrabés, socio de la imputada Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, para un servicio de apoyo al CSD para el diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el CSD.
Una de las medidas planteadas en el proyecto presentado por Innova Next, la empresa de Barrabés, era una plataforma de formación en «hábitos y cultura digital» dirigida al «ecosistema del deporte», integrado por federaciones, centros de alto rendimiento, asociaciones deportivas, ligas y clubes profesionales o deportistas de élite, entre otros.
El documento, propone una «formación en hábitos y cultura digital al ecosistema del deporte» mediante varias actividades, como unas «Olimpiadas digitales» y «minijuegos» como el Trivial o Quién quiere ser millonario.
«Está demostrado que el aprendizaje a través del juego es una manera muy eficaz de hacerse con nuevos conceptos. Además, resulta más ameno y atractivo para el que aprende», se recoge en el proyecto.
Se indica, asimismo, que «los cursos serán complementados con webinar (con representantes de CSD animando a sumarse al carro de la Transformación Digital o de deportistas que expliquen las ventajas de formarse en competencias digitales)».
El Consejo Superior de Deportes justificó este contrato alegando que el deporte permite «construir» una «sociedad más capaz, feliz y sostenible».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaba en uno de los informes entregados al juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ciertas anomalías en este contrato que podrían ser indiciarias de amaño o, como mínimo, de una tramitación sospechosamente extraña. Uno de los datos que destacan los investigadores es que no aparecen los informes de apertura de plicas generados por la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En la «memoria justificativa» del contrato, el CSD argumenta que «el deporte es una actividad que vertebra transversalmente nuestra sociedad» y añade que «gracias a la práctica regular del deporte se construye una sociedad más capaz, feliz y sostenible».
El contrato estaba financiado con fondos europeos. Para justificarlo, el Gobierno esgrimió que el Covid «ha golpeado duramente a la industria del deporte, influyendo negativamente sobre su impacto económico y social», en cuanto a la destrucción de puestos de trabajo y las pérdidas cuantificadas en el ecosistema del deporte español.
El Gobierno tramitó este contrato, de forma sorprendente, por la vía de urgencia, lo que permitió acortar los plazos. Su importe total era de 10,1 millones y se dividió en dos lotes, uno de los cuales se adjudicó a la empresa de Barrabés, Innova Next. Ese contrato, firmado por el entonces director del CSD, José Manuel Franco, de la máxima confianza de Pedro Sánchez, está en manos de la Fiscalía Europea.
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