Las declaraciones de los fiscales confirman que García Ortiz dio la orden de filtrar la información sobre el novio de Ayuso

El avance de las diligencias judiciales apunta cada vez con más claridad hacia la cúpula de la Fiscalía General del Estado como origen de la filtración de información confidencial sobre el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Testimonios clave, como el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, han reforzado la hipótesis de que el máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, tuvo un papel determinante en el acceso y la difusión de estos datos.

Rodríguez, quien declaró como imputada el pasado jueves ante el juez Ángel Hurtado, dejó claro que no puso en duda ni cuestionó en ningún momento las órdenes que recibió de su superior. «Yo no cuestiono al fiscal general del Estado.

A mí no me parece extraño«, afirmó en su testimonio, al referirse a la instrucción que recibió la noche del 13 de marzo de 2024 para enviar un expediente tributario por correo electrónico a una dirección ajena al ámbito corporativo.

Su declaración ha confirmado el papel fundamental que jugaron varios miembros de la Fiscalía en el manejo de esta información. Entre ellos, Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, quien reconoció el miércoles ante el Tribunal Supremo que su interés en el expediente de González Amador se debió a una «orden directa» de su jefe.

 Villafañe, amparándose en la «obediencia debida», justificó su decisión de requerir el expediente fiscal a su compañera Pilar Rodríguez, quien a su vez lo había obtenido a petición del fiscal general. Este patrón de actuación consolidó una estructura interna en la que el acceso y posterior difusión de los datos se ejecutó con rapidez, reflejando una premura inusual que quedó registrada en las comunicaciones internas del Ministerio Público.

La urgencia con la que se gestionó la obtención de los documentos quedó patente cuando el primer intento del fiscal general de conseguir la documentación, dirigido a la fiscal superior autonómica Almudena Lastra, resultó fallido. Lastra, quien se mostró reticente desde el principio, advirtió a Rodríguez del peligro de una posible filtración.

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Horas después de estos movimientos dentro de la Fiscalía, varios medios de comunicación ya tenían acceso al contenido de los correos electrónicos intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Paralelamente, se elaboró la nota de prensa oficial sobre el caso, cuya publicación fue rechazada por Lastra al considerar que estaba siendo utilizada para justificar lo ocurrido.

La declaración de Lastra también puso de manifiesto su enfrentamiento con García Ortiz. Según su testimonio, la noche del 13 de marzo, una vez consumada la filtración, se dirigió directamente al fiscal general y le preguntó: «Álvaro, ¿lo has filtrado tú?».

Las conclusiones preliminares del juez instructor Ángel Hurtado, junto con los hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han reforzado la teoría de que la información sólo pudo haber sido filtrada desde la cúspide de la Fiscalía.

Primero, porque desde la recepción del expediente hasta la publicación de la noticia en los medios apenas transcurrieron unos minutos. Y segundo, porque sólo quien tenía autoridad sobre el dossier y acceso a los canales de comunicación adecuados podía haber facilitado su difusión.

Los investigadores han determinado que, tras llegar a los medios de comunicación, la información también llegó a la Presidencia del Gobierno, lo que añade una nueva dimensión a la causa judicial. La línea argumental de la defensa de García Ortiz, que trataba de desviar la responsabilidad fuera de su entorno, ha quedado debilitada ante la acumulación de pruebas y testimonios que apuntan directamente a su despacho como el epicentro de la filtración.