Una inspección de Trabajo ha determinado que los 17 becarios mexicanos que participaban en el musical Malinche, dirigido por Nacho Cano, no infringían la normativa laboral y no estaban obligados a cotizar a la Seguridad Social
Noticias29 de enero de 2025
Noticias de Impacto
Una inspección de Trabajo ha determinado que los 17 becarios mexicanos que participaban en el musical Malinche, dirigido por Nacho Cano, no infringían la normativa laboral y no estaban obligados a cotizar a la Seguridad Social. Según el informe, los alumnos realizaban una formación «no reglada» que no se encuadra dentro del sistema educativo oficial.
El informe, elaborado por la Inspección de Trabajo y remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, forma parte de la investigación abierta contra el compositor por presuntos delitos relacionados con los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
El documento concluye que «no existen evidencias» de que la relación de los becarios con la empresa pudiera considerarse laboral, citando el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.
La inspección, realizada de forma «sorpresiva» y a petición de la Policía Nacional, tuvo lugar en la Parroquia San Juan de la Cruz de Madrid, donde los becarios asistían a clases de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal. Durante la visita, la inspectora recopiló información detallada sobre las condiciones en las que los jóvenes estaban desempeñando sus actividades y mantuvo entrevistas con ellos.
El informe también señala que estos alumnos no están sujetos al sistema educativo oficial, por lo que no era necesario que estuvieran inscritos en el sistema de la Seguridad Social. Esto, según el documento, respalda que su participación en el musical era exclusivamente formativa.
Nacho Cano calificó el proceso como una «persecución política» tras conocerse la apertura de diligencias. El pasado 9 de julio, el compositor compareció públicamente y relacionó la situación con su apoyo político a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de las acciones judiciales en su contra.
Este caso ha generado controversia debido a las acusaciones iniciales, que planteaban la posibilidad de una «relación laboral encubierta» entre los becarios y la productora del musical. Sin embargo, tras el análisis detallado, Trabajo ha concluido que no se vulneraron los derechos de los estudiantes y que las actividades formaban parte de su aprendizaje.
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