Los avances en las investigaciones de los casos de corrupción que asolan al Gobierno de Pedro Sánchez han puesto el foco en Moncloa y Ferraz
Noticias05 de febrero de 2025
Noticias de Impacto
Los avances en las investigaciones de los casos de corrupción que asolan al Gobierno de Pedro Sánchez han puesto el foco en Moncloa y Ferraz. Dos jueces, encargados de las pesquisas sobre José Luis Ábalos y Begoña Gómez, han ordenado abrir nuevas diligencias que refuerzan la hipótesis de que el exministro de Transportes y la esposa del presidente son sólo la punta del iceberg de una trama de mayores dimensiones.
La investigación sigue avanzando y el foco se dirige cada vez más hacia el núcleo del PSOE y del Ejecutivo.
El Tribunal Supremo, en el marco del caso Ábalos y la trama Koldo, ha solicitado una nueva batería de pruebas para determinar hasta dónde llega la red de corrupción y a qué altos cargos afecta.
El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa, ha dado credibilidad al testimonio del empresario Víctor de Aldama, señalando la necesidad de rastrear los mensajes y comunicaciones que este mantuvo con figuras clave del partido y del Gobierno.
Entre los nombres citados expresamente en el auto están el ministro Ángel Víctor Torres y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, el juez ha añadido una frase que ha encendido las alarmas en el Ejecutivo: «O cualquier persona aforada ante el Tribunal Supremo», en lo que muchos interpretan como una alusión velada a Pedro Sánchez.
Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil buscan esclarecer una serie de presuntas irregularidades que incluyen comisiones ilegales en contratos públicos, pagos sospechosos a altos cargos del partido y la contratación en organismos estatales de Jessica, expareja de Ábalos.
También se investiga si el ministro Torres participó en reuniones privadas en apartamentos turísticos y si en ellas hubo algún tipo de compensación económica, así como quién abonó esos pagos.
El magistrado ha citado a Ábalos para declarar el 18 de febrero, con el aviso de que, al haber perdido su condición de aforado, podría enfrentarse a medidas como la retirada de pasaporte, fianza o incluso prisión preventiva si se considera que existe riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
Entre los testigos también figuran la empresaria Carmen Pano, que en una entrevista aseguró haber llevado bolsas de dinero a la sede del PSOE, y el socio de Aldama, quien, según el empresario, tenía en su poder información confidencial que afecta directamente a Pedro Sánchez y que no ha sido localizada.
Mientras tanto, en los juzgados de Plaza de Castilla, el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la investigación sobre Begoña Gómez, ha ordenado la imputación de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, a quien atribuye los mismos delitos que se investigan en la esposa del presidente.
Hasta ahora, las pesquisas se habían centrado en el uso de recursos públicos para favorecer la carrera profesional de Gómez, pero el magistrado ha ido más allá y ha señalado a Álvarez como cooperadora activa en las gestiones que considera irregulares.
Las pruebas y testimonios recopilados hasta el momento apuntan a que la asesora habría intercedido ante empresas para conseguir financiación para el máster de Gómez, así como para contactar con patrocinadores de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense. También se investiga si utilizó medios públicos para gestionar otros trámites de la esposa del presidente.
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