En concreto, el juez ha pedido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que elabore un informe sobre las comunicaciones de Víctor de Aldama con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su hijo, el expresidente canario, Ángel Víctor Torres
Noticias05 de febrero de 2025
Noticias de Impacto
El magistrado Leopoldo Puente estrecha el cerco sobre Moncloa. El instructor a cargo del 'caso Koldo' en el Supremo ha pisado el acelerador y ha acordado una batería de diligencias que apuntan a varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, el juez ha pedido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que elabore un informe sobre las comunicaciones de Víctor de Aldama con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su hijo, el expresidente canario, Ángel Víctor Torres, y el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
El juez abre una nueva línea de investigación que apunta a Ferraz y, en concreto, a la relación que el empresario investigado en el 'caso Koldo' asegura haber mantenido con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su comparecencia en el Supremo, Aldama apuntó a que su relación con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática había ido más allá del intercambio de un par de 'whatsapps'.
Intermediación directa para agilizar los pagos a Soluciones de Gestión, la presunta petición de Koldo de 50.000 euros para pagar al entonces presidente autonómico y el alquiler de un piso en el centro de Madrid para organizar encuentros con "señoritas", son algunas de las acusaciones que el expresidente del Zamora CF ha vertido hasta la fecha sobre uno de los pesos pesados del Ejecutivo.
Ahora, el juez da peso a la versión de Aldama y pide a la UCO que informe sobre las comunicaciones que el expresidente del Zamora CF habría intercambiado con el expresidente de Canarias y Santos Cerdán. Aldama señaló a este último por el presunto cobro de 15.000 euros en efectivo, los cuales habrían entregados -según la versión del empresario- en un sobre en el marco de una licitación a una constructora.
Además de pedir que se analice cualquier mensaje que el investigado pudiera haber intercambiado con varios miembros del Gobierno de Sánchez, o algunos de sus subordinados, el magistrado Leopoldo Puente quiere pruebas de los presuntos encuentros con "señoritas" en un piso ubicado en Atocha, en los que según el propio Aldama habrían participado José Luis Ábalos, Koldo García y Ángel Víctor Torres.
En consecuencia, el juez da un plazo de diez días a la defensa de Aldama para que aporte pruebas sobre los pisos que asegura haber puesto a disposición del exministro socialista, su exasesor y el expresidente canario para facilitar encuentros con otras personas. En concreto, solicita que aporte fechas de los contratos y estancias y el pago de los mismos, además de indicar si hubo algún pago a las "señoritas" y quién abonó los mismos.
Estrecha el cerco sobre Ferraz
Además de los contactos de Aldama con ciertos miembros del Gobierno, el juez abre una nueva vía con destino Ferraz. El instructor ha citado en calidad de testigo a la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Madrid el próximo 25 de febrero.
El mismo día tendrá que acudir también al alto tribunal el empresario investigado por el caso hidrocarburos, Claudio Rivas, sobre el que Aldama apuntó que utilizó sus contactos en el Ejecutivo para facilitarle la licencia de operador para Villafuel.
El magistrado empieza a encajar las piezas de un complejo rompecabezas que va desde el cobro de mordidas por la compra de mascarillas en pandemia hasta la presunta adjudicación a dedo de contratos de obra pública.
Según declaró Aldama ante el Supremo, desde el Gobierno se habría favorecido la contratación de empresas concretas para después recibir a cambio el cobro de presuntas comisiones, de las cuales una parte, siempre según la versión del empresario, acabarían llegando al PSOE.
En consecuencia, Puente ha citado como testigos a varios exaltos cargos de empresas públicas a quienes el investigado ha señalado por su presunta relación con la trama.
Entre otros, destacan los nombres de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; Alejandro de las Alas Pumariño, quien era el encargado en el Ministerio de Transportes de supervisar y custodiar las mascarillas; Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, quien ya declaró ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional o Javier Herrero, ex director general de Carreteras del Ministerio de Transportes.
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