Una ONG subvencionada por el Gobierno ha anunciado la compra de 100 viviendas en Canarias para establecer el precio del alquiler en 340 euros mensuales
Nacional31 de enero de 2025
Noticias de Impacto
Una ONG subvencionada por el Gobierno ha anunciado la compra de 100 viviendas en Canarias para establecer el precio del alquiler en 340 euros mensuales. Provivienda gestionaba un programa de acogida integral para inmigrantes ilegales, a través del cual ha facilitado alojamiento a 800 personas.
La iniciativa surge en un momento en el que la crisis de la vivienda en España se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Con los precios del alquiler disparados en ciudades como Madrid y Barcelona, y con el turismo masivo tensionando el mercado en las Islas Canarias, muchas familias se ven obligadas a buscar soluciones alternativas, como residir en autocaravanas ante la falta de opciones accesibles.
En este contexto, Provivienda ha puesto en marcha un modelo pionero en España, basado en la adquisición de viviendas en el mercado libre para luego arrendarlas a precios reducidos a inquilinos en situación vulnerable. Según explicó su directivo Fernando Rodríguez, el objetivo es ofrecer una alternativa al sistema tradicional de vivienda pública, gestionado hasta ahora por la Administración y promotores privados.
«Estamos abriendo una tercera vía, en la que el tercer sector se convierte en un proveedor de vivienda social», destacó Rodríguez. En 2024, Provivienda ha alquilado ya 40 viviendas, y alcanzará las 100 unidades a finales de año.
Los arrendamientos tienen condiciones específicas: los inquilinos deben permanecer en la vivienda al menos siete años, y los contratos pueden extenderse durante varias décadas.
Las propiedades, antes de ser ocupadas, son reformadas y asignadas a personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública de Canarias, quienes se hacen cargo del alquiler y los gastos básicos.
Telefónica ha anunciado la inversión de 500 millones de dólares —unos 487 millones de euros— en los próximos dos años en Venezuela en el despliegue de redes de telefonía móvil tres semanas más tarde de que el Gobierno de Sánchez haya consumado la toma de Telefónica
A pesar de la cocina estadística gubernamental, España sufre la peor cuesta de enero desde 2013, con 242.148 empleos destruidos
El Ayuntamiento de Paiporta ha rechazado, durante el pleno ordinario correspondiente al mes de enero, financiar el agua que cedieron los vecinos a los voluntarios que acudieron a la localidad a limpiar tras la riada
Además, denuncia que el Partido Popular «cayó en el silencio cómplice» antes de que Pedro Sánchez profanara la tumba del general Franco y decretara «una verdad oficial, fijada en la Ley de Memoria Democrática de 2022»
Así, ha indicado que el Gobierno mantiene dos ejes claros de política económica: reforzar el crecimiento y que ese crecimiento sirva para avanzar en conquistas sociales como las 37,5 horas
La Seguridad Social perdió una media de 242.148 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,1%), su peor dato en este mes desde 2020, debido al retroceso de la ocupación en la hostelería y el comercio
Pedro Sánchez ha dado un nuevo paso en su estrategia de legislar sin control parlamentario, modificando una ley aprobada por las Cortes en su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
Telefónica ha anunciado la inversión de 500 millones de dólares —unos 487 millones de euros— en los próximos dos años en Venezuela en el despliegue de redes de telefonía móvil tres semanas más tarde de que el Gobierno de Sánchez haya consumado la toma de Telefónica
"España necesita soluciones, no sumarios judiciales. España necesita políticos limpios, no políticos que se sienten en los banquillos ante los juzgados"
Ha demostrados sus verdaderas intenciones de nuevo. Una vez más han traicionado a sus votantes. En lugar de promover la competitividad europea, como afirman, en realidad el PPE se alinea con los grupos de izquierda
"Nunca nos olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k) cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia"
