Ribera y Maroto concedieron a Villafuel la licencia que permitió el fraude de 182 millones

Anticorrupción ha centrado su investigación en la autorización otorgada a Villafuel, pieza fundamental en el caso Hidrocarburos, donde la red liderada por Aldama consiguió defraudar 182 millones de euros en IVA

Corrupción03 de febrero de 2025Noticias de ImpactoNoticias de Impacto
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Teresa Ribera, Reyes Maroto

Anticorrupción ha centrado su investigación en la autorización otorgada a Villafuel, pieza fundamental en el caso Hidrocarburos, donde la red liderada por Aldama consiguió defraudar 182 millones de euros en IVA.

Esta licencia, crucial para habilitar operaciones en régimen suspensivo, fue fruto de una doble responsabilidad institucional. Por un lado, intervino el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido en ese momento por Teresa Ribera; y por el otro, el Ministerio de Industria, que estaba a cargo entonces de Reyes Maroto, quien hoy se desempeña como líder municipal del PSOE en Madrid.

Esa autorización permite a los operadores que la reciben «adquirir y transmitir productos en régimen suspensivo dentro de los depósitos fiscales de CLH (EXOLUM)». Es decir, este régimen, que permite el diferimiento del pago del IVA y otros Impuestos Especiales, fue aprovechado por Villafuel SL para llevar a cabo operaciones fraudulentas.

La empresa utilizó dicha condición para comprar productos petrolíferos a otros operadores sin devengar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos ni el IVA, dado que los inscribía en depósitos fiscales.

 Dentro de la trama, tanto Villafuel SL como las siete sociedades interpuestas nombraron a administradores con un perfil de testaferros, lo que ocultó a los verdaderos responsables de la gestión y dirección de las compañías.

Estas sociedades pantalla comparten características notables: dependen exclusivamente de Villafuel SL para el suministro de combustibles, sus gestores y socios tienen claras tendencias de ser meros intermediarios, cuentan con estructuras empresariales precarias, su vida operativa es efímera, disponen de escaso capital propio y se sustentan en una red comercial y de clientes que se renueva constantemente.

En definitiva, se trata de un entramado fiscal que depende enteramente de la licencia concedida a Villafuel, una autorización que fue posible gracias a las intervenciones de Ribera y Maroto.

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Este permiso es imprescindible, ya que únicamente los operadores mayoristas inscritos en la lista de la CNMC pueden realizar operaciones en régimen suspensivo dentro de los depósitos fiscales de CLH, y las sociedades interpuestas no están registradas como tales.

Finalmente, Anticorrupción destaca el punto de inflexión en la operación. Villafuel SL no trasladó ninguna cuota de IVA a las siete sociedades hasta principios de febrero de 2024.

En ese momento, tras recibir la notificación de la apertura de un trámite de alegaciones vinculado al procedimiento de baja definitiva en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales —para productos sujetos a los impuestos sobre alcohol, bebidas derivadas o hidrocarburos—, la empresa cesó sus operaciones.

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